Andrés Oppenheimer
No se dejen engañar por la
maraña de argumentos legales con los que el presidente populista de Ecuador,
Rafael Correa, está tratando de justificar la confiscación de 195 empresas de un
grupo empresarial ecuatoriano --ahora radicado en Miami-- involucrado en un
enorme escándalo bancario en la década de 1990.
La confiscación gubernamental de todas estas empresas esta semana ha tenido
un simple propósito: apoderarse de las tres emisoras de TV del grupo, ponerles
al frente a incondicionales del gobierno y asegurarse el control de los
principales medios de comunicación para tratar de ganar el referéndum de
septiembre, que le permitiría a Correa ser reelecto para un nuevo mandato.
Según Correa, la policía ecuatoriana, cumpliendo órdenes de la Agencia de
Garantía de Depósitos del gobierno, se apoderó de TC-Televisión, Gamavisión,
Cablevisión, el ingenio azucarero La Troncal y docenas de empresas de seguros,
construcción y otros rubros que pertenecían al Grupo Isaías, como medidas
destinada a hacer justicia a los acreedores del otrora poderoso grupo
empresarial. El ministro de economía Fausto Ortíz renunció en protesta, y fue
reemplazado por Wilma Salgado, tercer ministro de economía de Correa en el
último año y medio.
La Agencia de Garantía de Depósitos dice que intenta recuperar los $661
millones supuestamente malversados por el Grupo Isaías, que era dueño del
imperio financiero Filanbanco antes de que pasara a manos del gobierno en 1998.
El Gupo Isaías dice que esas afirmaciones son ridículas, añadiendo que
Filanbanco tiene $500 millones en capital y solo debe $30 millones a los
ahorristas.
Independientemente de si el Grupo Isaías --encabezado por los hermanos
Roberto y William Isaías-- fue responsable de una importante malversación y huyo
a EEUU para evitar el juicio, o si --como los hermanos Isaías afirman-- fueron
víctimas de una crisis financiera que condujo a la quiebra a casi 30 bancos
ecuatorianos ese año, la forma en que fueron confiscadas sus emisoras
televisivas en Ecuador presenta todas las características de un brutal ataque
gubernamental a la libertad de prensa.
Consideren los hechos:
• Si la confiscación de las cadenas televisivas
del grupo Isaías, que tienen un 40 por ciento de la audiencia de los programas
de noticias nocturnos, fuera un movimiento puramente financiero destinado a
liquidar los bienes y pagarles a los acreedores, Correa hubiera pedido a una
empresa contable que pusiera al frente en ellas a un director independiente.
En cambio Correa designó como director de los canales confiscados al
mismísimo director de la emisora gubernamental de Ecuador, Enrique Arosemena
Robles. Y otro colaborador de Correa, su ex ayudante de prensa Jose Toledo, fue
designado vicepresidente de noticias de las emisoras incautadas.
• Lo que es tanto o más grave, los dueños de
varios de los canales de TV confiscados dicen haber comprado las emisoras a los
hermanos Isaías varios años atrás, y que por lo tanto no tienen nada que ver con
el escándalo de Filanbanco. Estéfano Isaías, un hermano de Roberto y William que
no está involucrado en las acusaciones por el escándalo bancario de Filanbanco,
me dijo que compró TC-Televisión hace unos diez años. Asimismo, Alvaro Dassum
dice que él --y no los hermanos Isaías-- es dueño de Gamavision.
El gobierno de Correa afirma que actuó de manera preventiva, y deberá iniciar
ahora los procedimientos legales para determinar quiénes son los verdaderos
dueños de las emisoras de TV. Eso tardará meses, si no años. Mientras tanto, el
gobierno controlará tres nuevos canales de propaganda política en un momento
crítico, en el que Correa necesita desesperadamente remontar en las encuestas
para ganar el
inminente referéndum constitucional.
''Todo el propósito de esto fue apoderarse de las emisoras de TV, porque
Correa estaba cayendo en las encuestas, y necesitaba reforzar su apoyo para un
referéndum que está perdiendo respaldo público'', me dijo Estéfano Isaías en una
entrevista telefónica.
• El lunes, reguladores del gobierno clausuraron
Radio Sucre, una emisora de Guayaquil que suele criticar al gobierno, alegando
irregularidades técnicas de su licencia. En el 2007, Correa tomó control del
periódico El Telegrafo, que se vio involucrado en un escándalo
financiero, y en vez de liquidarlo y venderlo a nuevos dueños se lo quedó como
un órgano de propaganda gubernamental.
''Todos estos son signos muy alarmantes para el futuro de la libertad de
prensa en Ecuador'', me dijo en una entrevista telefónica Enrique Santos
Calderón, vicepresidente de la Asociación Interamericana de Prensa. ``No es
casual que todo esto se dé en la antesala de la campaña electoral para el
referéndum de la Asamblea Constituyente, ni tampoco es divorciable de los
sistemáticos ataques de Correa contra los medios críticos de su gobierno''.
Mi opinión: estoy de acuerdo. Correa llegó a la presidencia
con una campaña anticorrupción y prodemocrática, pero se ha convertido en un
populista arrogante que está censurando a los medios para lograr aprobar una
Constitucion que le permita cumplir su principal objetivo: quedarse
indefinidamente en el poder.
