Por: Fernando Rospigliosi
La tradición de impunidad en el país se ha roto gracias a dos circunstancias notables: la existencia de un sistema anticorrupción y la globalización.
La sentencia de seis años de prisión que ha recibido Alberto Fujimori constituye un hecho histórico sin precedentes en el Perú. Muy pocos creían que llegaría el momento en que el otrora todopoderoso dictador recibiría su merecido. Pero sucedió.
Dos circunstancias han concurrido para que se rompa la tradición de impunidad que ha prevalecido en el Perú.
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
La primera, la acertada y valiente decisión de los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo de crear el sistema anticorrupción: procuradores, fiscales y jueces encargados de investigar, acusar y juzgar a los cabecillas del régimen de la década de 1990.
La idea básica era que si se permitía que el Poder Judicial -manoseado y corrompido hasta el hartazgo por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori- los procesara, los culpables saldrían indemnes.
Tampoco era posible esperar a una reforma integral del Poder Judicial, la que, por lo demás, nunca llegó.
Se creó, pues, una isla dentro del sistema judicial, que ha funcionado eficazmente a pesar de todos los problemas, demoras y defectos que se le puede achacar.
Específicamente, cabe destacar el impulso que dieron al sistema anticorrupción el ministro de Justicia de Paniagua, Diego García Sayán; los procuradores José Ugaz y Luis Vargas Valdivia; la vocal Inés Villa Bonilla, y muchos otros que trabajaron incansablemente para lograr lo que se ha conseguido hasta ahora.
Todos ellos han sido atacados, insultados y amenazados por la corrupta mafia que se apoderó del Estado la década pasada. Y seguirán siendo objeto del odio de los mafiosos y sus aliados.
EL MUNDO CAMBIÓ
La segunda circunstancia es la globalización, que para algunos se reduce al intercambio libre de bienes y servicios pero que, en realidad, es mucho más que eso. Los estándares en cuanto a derechos humanos, libertades democráticas y anticorrupción son hoy día mucho más altos que antes.
El juicio iniciado al ex dictador chileno Augusto Pinochet en España por el juez Baltasar Garzón, en 1998, que determinó su extradición de Inglaterra a Chile, fue una temprana muestra de ello.
Luego han ocurrido muchos casos más. Represores argentinos de los años 70 juzgados en España; el criminal y ex presidente de Serbia Slobodan Milosevic, extraditado y procesado por un Tribunal Internacional; el tribunal especial creado para juzgar el genocidio en Ruanda; la creación del Tribunal Penal Internacional.
Es en este contexto que se logró la extradición de Fujimori de Chile, suceso que habría sido impensable una década atrás.
SIN DEFENSA
Las audiencias del juicio a Fujimori por los casos Barrios Altos y Cantuta han desnudado la endeblez de la defensa del ex dictador.
El silencio de Alberto Fujimori ante algunas preguntas de los fiscales o las mentiras evidentes, como que no tenía una relación cercana con Vladimiro Montesinos ni conocía sus antecedentes, muestran que carece de argumentos para refutar las acusaciones.
La contradicción más flagrante es la del ex presidente que se ufana, entre otras cosas, de haber dirigido personalmente, paso a paso, la lucha antiterrorista y de haber derrotado ese flagelo. Y luego sostiene que no sabía nada de nada, que mantenía una relación distante y formal con Montesinos y que las Fuerzas Armadas son las responsables de todo.
AHORA NO LO CONOCE
Es ridículo que Fujimori intente negar su estrecha relación con Montesinos, con quien convivió bajo el mismo techo del SIN durante años. Montesinos no solamente fue quien creó el andamiaje de corrupción, chantaje, fraude y espionaje que lo mantuvo en el poder durante una década, sino su socio en el robo y saqueo de las arcas del Estado.
Montesinos era quien, según múltiples testimonios, proporcionaba regularmente ingentes sumas de dinero en efectivo a Fujimori, sustraídas de instituciones públicas o producto de las coimas.
La relación estrechísima entre Fujimori y Montesinos se mantuvo desde el primer día hasta la ruptura, en setiembre del 2000. Si no, baste recordar la famosa conferencia de prensa de Fujimori y Montesinos el 21 de agosto de 2000, en Palacio de Gobierno, donde ambos socios trataron de encubrir el tráfico de armas a las FARC colombianas, pagadas con cocaína.
¿CASO EXCEPCIONAL?
Muchos políticos y funcionarios piensan que el caso de Fujimori, Montesinos y sus cómplices, es la excepción de la regla de impunidad que ha marcado la historia del Perú.
Algunos que han disfrutado de la impunidad e, incluso, han vuelto a recibir el respaldo en las urnas, creen que volverían a quedar indemnes.
Podrían equivocarse. Quizás estemos realmente ante un punto de inflexión. Sería más prudente que pusieran las barbas en remojo.
